La coincidencia en el tiempo de varios procesos electorales que se solapan, no sólo supone un problema para los electores, obligados a diferenciar mensajes y propuestas en función de las votaciones y de los diferentes candidatos, sino que también representan un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones públicas y los partidos, que ven como el complejo proceso de fechas y restricciones que dan forma al calendario electoral, se solapa convirtiendo, estas próximas semanas en una auténtica carrera de obstáculos en el límite de la legalidad.
El proceso, ya de por si complejo, tras la última reforma de la Ley electoral, hace que, en esencia, desde el pasado 5 de marzo y hasta el 26 de mayo, no resulte posible realizar propaganda electoral mediante carteles, cuñas de radio, inserciones en prensa, mupis o cualquier otro canal utilizado para este tipo de comunicaciones, incluidas redes sociales (la eterna aspirante a asumir el protagonismo electoral).
Este mismo calendario electoral supone también la prohibición de poder repartir merchandising aunque no lleve impresa la palabra «vota». Y lo que es especialmente importante para los ayuntamientos; no resulta posible realizar inauguraciones de obras , publicitar logros o vender gestión y por supuesto pedir el voto, hasta una vez finalizados estos procesos electorales.
Esta prohibición no tiene vigencia según el calendario electoral, en el periodo comprendido entre el 12 de abril y el 26 de abril (campaña electoral de Nacionales y Autonómicas en nuestra Comunidad), y entre el 10 y el 24 de mayo (campaña Europeas y Municipales).
Es decir, a día de hoy, los ayuntamientos en general, y las administraciones publicas, ante este calendario electoral, ven ya cerradas todas las opciones a realizar cualquier tipo de acto o publicidad relacionada con la venta de gestión o la promoción pública de sus representantes. Las Generales y autonómicas han adelantado, en consecuencia ese periodo de 54 días en los que entra en vigor la Ley Electoral, perjudicando, en gran medida , las estrategias de final de legislatura planificadas durante meses por los más previsores.
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